Procesos judiciales relacionados con las relaciones laborales y los conflictos entre empleadores y trabajadores. Estos procesos abarcan demandas laborales presentadas ante los tribunales competentes en busca de la protección de los derechos laborales, como reclamaciones salariales, despidos injustificados, discriminación laboral o violación de derechos sindicales.

Procedimientos judiciales que buscan la ejecución forzosa de decisiones judiciales o de actos administrativos relacionados con el ámbito laboral. Estos procesos se utilizan cuando una de las partes involucradas en un litigio laboral no cumple voluntariamente con las obligaciones establecidas en una sentencia o acto administrativo.

Protección especial otorgada a los representantes sindicales y líderes sindicales para salvaguardar su estabilidad laboral y evitar represalias por su actividad sindical. El fuero sindical implica que los trabajadores amparados por esta figura no pueden ser despedidos, trasladados o sancionados sin una justa causa que esté debidamente fundamentada y autorizada por las autoridades competentes.

Proceso de resolución de disputas laborales a través de un tribunal arbitral. En lugar de recurrir a los tribunales judiciales, las partes involucradas en un conflicto laboral acuerdan someter su disputa a un árbitro neutral y especializado en derecho laboral. El árbitro tiene la autoridad para escuchar los argumentos de ambas partes, revisar las pruebas presentadas y emitir una decisión vinculante.

Protección especial que se otorga a ciertos trabajadores que se encuentran en situaciones particulares de vulnerabilidad. Estas situaciones pueden incluir trabajadores en estado de embarazo, trabajadores con enfermedades crónicas o discapacidades, trabajadores cercanos a la edad de jubilación, entre otros. La estabilidad laboral reforzada implica que estos trabajadores no pueden ser despedidos sin una justa causa debidamente comprobada y autorizada por las autoridades competentes.

Acuerdos legales entre un empleador y un empleado, estableciendo las condiciones de trabajo y los derechos y obligaciones de ambas partes. Estos contratos contienen información clave, como el tipo de empleo, la duración, la jornada laboral, el salario, los beneficios, las vacaciones y las condiciones de terminación del contrato. Los contratos laborales protegen los derechos de los trabajadores y brindan seguridad y claridad en el entorno laboral.

Conductas abusivas, hostiles o humillantes que ocurren en el entorno de trabajo y que tienen como objetivo intimidar, degradar o afectar la integridad emocional de un empleado. Estas conductas pueden incluir insultos, burlas, amenazas, discriminación, exclusión social, asignación de tareas injustas o excesivas, entre otros comportamientos perjudiciales.

El Ius Variandi busca brindar flexibilidad a los empleadores para adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio, pero también busca proteger los derechos de los trabajadores y evitar abusos o cambios arbitrarios en sus condiciones laborales.

Procesos donde se investigan y sancionan las infracciones laborales cometidas por empleadores o trabajadores. Estos procedimientos tienen como objetivo proteger los derechos laborales, garantizar el cumplimiento de las normas laborales y promover un ambiente laboral justo y equitativo. Durante el proceso, se realizan investigaciones, se recopilan pruebas, se celebran audiencias y se emiten decisiones y sanciones, como multas económicas o la imposición de medidas correctivas. Estos procedimientos son fundamentales para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y la protección de los derechos de los trabajadores.

Los trámites ante la UGPP incluyen la presentación de declaraciones, la solicitud de certificaciones, la atención de requerimientos y la resolución de inconformidades relacionadas con las obligaciones pensionales y parafiscales. Estos trámites son importantes para asegurar el cumplimiento normativo y la protección de los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social.

Conjunto de normas y principios que regulan las relaciones laborales entre el Estado como empleador y los servidores públicos. Este campo del derecho se encarga de establecer las condiciones de empleo en la administración pública, los derechos y deberes de los funcionarios, los procedimientos disciplinarios, las garantías laborales y los recursos legales disponibles.