Invalidez de actos administrativos o decisiones tributarias debido a irregularidades o vicios en su origen o procedimiento. La nulidad puede ser declarada por un órgano competente, como un tribunal administrativo o fiscal, cuando se determina que el acto o la decisión no cumple con los requisitos legales o se ha producido de manera ilegal o injusta.

procesos legales utilizados para impugnar actos administrativos o decisiones tributarias que se consideran injustos, ilegales o irregulares. Estos procesos buscan obtener la declaración de nulidad del acto o decisión y restablecer los derechos y condiciones previas al mismo.

Mecanismo legal que permite a los ciudadanos buscar una compensación económica por los daños y perjuicios sufridos debido a la acción u omisión de entidades administrativas o fiscales. Este proceso se basa en la responsabilidad patrimonial del Estado y busca reparar los perjuicios causados a los ciudadanos debido a errores, negligencias o abusos por parte de la administración pública.

Conflictos legales que surgen entre las partes involucradas en contratos celebrados con entidades administrativas o fiscales. Estas controversias pueden surgir por incumplimientos contractuales, interpretaciones divergentes, disputas sobre los términos y condiciones, reclamaciones de pagos o cualquier otro conflicto relacionado con el contrato.

Las controversias electorales se refieren a conflictos surgidos durante el proceso electoral, como impugnaciones de resultados, irregularidades en el proceso de votación o violaciones de normas electorales. La pérdida de investidura se refiere a la sanción impuesta a un funcionario electo por el incumplimiento de deberes, como corrupción o mala conducta, lo que resulta en la pérdida de su cargo o posición política.

Las cartas de naturaleza son documentos que confieren la nacionalidad o ciudadanía a una persona que no la poseía previamente. La nulidad de estas cartas se puede solicitar cuando se demuestra que el otorgamiento fue realizado de manera irregular, fraudulenta o contraria a las leyes y reglamentos aplicables.

Procedimientos legales que permiten a una entidad pública o privada reclamar el reembolso de los recursos o pagos realizados indebidamente a un tercero, generalmente debido a irregularidades, fraudes o incumplimientos contractuales. Estas acciones buscan recuperar los fondos desembolsados ilegalmente y responsabilizar a la parte involucrada por su actuación indebida.

Procedimientos legales utilizados para impugnar o cuestionar la legalidad de un acto administrativo o tributario en específico. Estas solicitudes se presentan ante los tribunales competentes y se basan en argumentos de ilegalidad, arbitrariedad, vicios de procedimiento u otras irregularidades en la actuación de la administración o entidad tributaria.

Obligaciones fiscales impuestas por las leyes y regulaciones tributarias. Consiste en la entrega de una cantidad de dinero o valor equivalente al Estado, ya sea de forma periódica o en momentos específicos, como contraprestación por los beneficios y servicios que el Estado brinda a los contribuyentes.

Gestiones realizadas por los contribuyentes para obtener el reconocimiento y la devolución de montos pagados en exceso a la administración tributaria. Estas solicitudes se basan en situaciones en las que los contribuyentes han efectuado pagos mayores a los impuestos adeudados, generando un saldo a favor.

Permiten a los contribuyentes o interesados impugnar una resolución o acto administrativo emitido por una entidad tributaria o administrativa. Estos recursos se presentan ante la misma autoridad que emitió la decisión, solicitando su revisión y modificación.

Estas demandas se presentan ante los tribunales competentes y buscan obtener la revisión judicial de resoluciones, liquidaciones, sanciones u otros actos administrativos emitidos por la DIAN. Las demandas pueden basarse en fundamentos como la ilegalidad, arbitrariedad, interpretación errónea de la normativa tributaria o violación de derechos fundamentales.

Estas demandas se presentan ante los tribunales competentes y pueden basarse en argumentos como la ilegalidad, arbitrariedad, interpretación errónea de la normativa tributaria o violación de derechos fundamentales.